In La Boletina. Edición No. 99

La Boletina. Edición 99

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La relación entre anticonceptivos, aborto y economía

 

Por Ana María Pizarro

Red de Salud de las Mujeres Latinoamericanas y del Caribe / SI Mujer

 

Desde que empezamos a tener relaciones sexuales con penetración del pene en la vagina hay posibilidad de un embarazo y es necesario usar un método anticonceptivo. Hombres y mujeres por igual deberíamos tener la posibilidad de adquirir conocimientos sobre las ventajas de usarlos, pero en la sociedad patriarcal la planificación continúa siendo “un asunto de mujeres”. Los sistemas de salud tienen programas para prevenir el embarazo, pero por lo general dejan fuera a los hombres y a nosotras toda la responsabilidad.

El Estado niega a las personas la posibilidad de contar con una información completa y científica sobre la sexualidad al no desarrollar programas de educación sexual adecuada para diferentes edades, comenzando desde la infancia. Sin educación sexual se pierden oportunidades de lograr que mujeres y hombres desarrollen el sentido de responsabilidad y las habilidades necesarias para fortalecer sus elecciones a la hora de la reproducción.

Muchas personas, especialmente cuando son jóvenes, no conocen cómo acceder a los métodos anticonceptivos, dónde están disponibles o si los servicios públicos de salud son amigables y están diseñados tomando en cuenta sus características particulares. El estudio, Cuidados en la salud reproductiva para adolescentes enmarcada en la comunidad, indica que en Nicaragua solamente 21 de cada 100 chavalas y 16 de cada 100 chavalos visitan un centro de salud para recibir información sobre la sexualidad.

 

Foto: La Boletina/ María Martha Escobar

La pobreza es desventaja para la salud

La población de escasos recursos económicos, donde las mujeres son la mayoría, las limitaciones para acceder a los servicios de salud de alta calidad se transforman en otra fuente de discriminación y de injusticia social. Las mujeres pobres se resignan a recibir métodos que proveen los servicios públicos. Entonces, si un medicamento está ausente en las bodegas, las mujeres no pueden acceder al anticonceptivo. Esa situación persiste desde hace muchos años.

Y cuando hay un método disponible, este se administra a todas las usuarias, independientemente de sus ventajas o contraindicaciones. Y cuando el medicamento se acaba, les proveen de otro método diferente, sin analizar si eso puede traer algún riesgo.

Es frecuente que a niñas y adolescentes después del parto o la cesárea les receten inyecciones anticonceptivas con dosis altísimas de hormonas que no son buenas para sus cuerpos que aún se están desarrollando. Hacen eso solo porque en el centro o puesto de salud no hay otro anticonceptivo. Los métodos hormonales para evitar embarazos se usan de manera muy amplia, sin considerar las necesidades de cada usuaria.

También sucede que ponen un dispositivo intrauterino llamado DIU a mujeres que quieren planificar, sin tomar en cuenta si hay contraindicaciones. Todo eso hace que los servicios públicos de salud no garanticen los derechos sexuales y los derechos reproductivos de las mujeres.

En Nicaragua las farmacias privadas ofrecen anticonceptivos de mejor calidad o de menor contenido hormonal, pero su costo es más alto. Eso pone en desventaja a mujeres de menores recursos económicos.

La industria farmacéutica ha encontrado en la salud sexual y la salud reproductiva de las mujeres una enorme fuente de ingresos. Logra convencer a profesionales de la medicina para que promuevan entre sus usuarias fármacos cada vez más caros. A la vez, la reducción del presupuesto en los servicios públicos de salud hace que el Estado compre productos de menor calidad, que conviene a proveedores y no a las usuarias. Entonces, las mujeres se ven obligadas a invertir sus propios recursos en medicamentos que el Estado les debe de proveer.

 

El aborto es un asunto económico

La falta de educación sexual, de información y de acceso a métodos anticonceptivos seguros y la reducida responsabilidad masculina en asuntos reproductivos tienen como consecuencia que los embarazos no deseados sean un problema de todos los días. Sin la posibilidad de acceder a un aborto en condiciones seguras, en Nicaragua la salud y la vida de las mujeres están en riesgo permanente. También están en riesgo profesionales de la salud, porque siempre trabajan “bajo sospecha” de interrumpir embarazos de manera ilegal.

El aborto seguro es accesible a pocas mujeres que pueden interrumpir el embarazo en una clínica particular. Este servicio es clandestino y por eso muy caro. Las demás mujeres se ven forzadas a usar métodos inseguros y hasta peligrosos para su salud y vida. La injusticia social se expresa de manera cruda y reiterada en este ámbito de sus vidas.

Las píldoras de Misoprostol (Citotex) abren el cuello del útero y provocan contracciones uterinas ocasionando la interrupción del embarazo, sin embargo, la mayoría de las mujeres se enteran de este método por fuentes no profesionales como el Internet y las redes sociales. A menudo la información que encuentran es incompleta y no explica las ventajas, desventajas o efectos secundarios de este medicamento. Tampoco indica las dosis correctas.

Además, el costo de Misoprostol en Nicaragua es muy alto, porque se trata de un medicamento clandestino. A pesar de eso las mujeres lo adquieren y lo usan sin asistencia médica, corriendo el riesgo de sufrir una complicación. Y si luego acuden a los servicios públicos y corren el riesgo de ser denunciadas.

 

Estado insensible

En Nicaragua, al igual que en todos los países donde el aborto está prohibido, el Estado invierte enormes sumas de dinero en atender las complicaciones de abortos clandestinos e inseguros. Investigaciones nacionales e internacionales revelan que esa atención consume los fondos de la atención regular de las demás usuarias, generando un importante desbalance en el presupuesto hospitalario. Ni siquiera el Banco Mundial, que ha presentado cifras devastadoras, ha logrado sensibilizar a los Gobiernos para que eviten esta pérdida monetaria que se expresa en pérdida de salud y de vidas de mujeres.

Si las mujeres pudieran decidir cuántas hijas o hijos tener, seguramente reducirían su fecundidad personal y mejorarían su posibilidad de ofrecer a su descendencia mejores condiciones de vida y desarrollo. Si bien en Nicaragua ha ocurrido un importante cambio en la fecundidad femenina en las tres últimas décadas, esto no ha ocurrido por los esfuerzos del Estado, sino por la difusión de los derechos sexuales y reproductivos realizada por una gran cantidad de organizaciones y redes de mujeres.

Las nuevas generaciones manifiestan que quieren tener uno o dos hijas o hijos. También hay mujeres jóvenes que no desean ser madres. Las mujeres de todas las edades han comprobado por sí mismas el enorme esfuerzo que una mujer debe hacer para asumir la maternidad, especialmente cuando el Estado, los hombres involucrados o la sociedad en general no le dan el apoyo necesario.

Con frecuencia, la decisión de interrumpir el embarazo se debe a las dificultades económicas. Las mujeres se dan cuenta de que un nuevo nacimiento incrementará la pobreza y las dificultades que pasan las hijas o hijos que ya nacieron. Entonces, toman su decisión según su capacidad de afrontar nuevas obligaciones.

No digo nada sobre la fecundidad masculina, porque no existen estadísticas nacionales al respecto. Esto es una prueba más de que para el Estado patriarcal la reproducción sigue siendo un “asunto de mujeres”.

 

 Sujetas de derechos

Los países que consideran que la incorporación de las mujeres es esencial para que haya desarrollo, tal como lo establece el Programa de Acción de la Conferencia Internacional de Población y Desarrollo, CIPD, toman las siguientes medidas para alcanzar su meta:

  • Invierten importantes recursos en educación sexual para ambos sexos desde la infancia
  • Ofrecen servicios de salud amigables para todas las edades que se incluyen programas de asesoría para la prevención de embarazos y el aborto
  • Aseguran el acceso a métodos anticonceptivos modernos, eficaces y seguros para las usuarias y usuarios
  • Facilitan el acceso al aborto en condiciones seguras garantizando la anticoncepción después del aborto
  • Investigan las tendencias nacionales sobre prácticas reproductivas
  • Brindan la información estadística disponible
  • Promueven el acceso de mujeres al trabajo en condiciones dignas

Todas estas tareas deben ser asumidas como una responsabilidad social. También tienen que ser cumplidas todas las leyes que protejan a las mujeres en todo el ciclo de su vida. Todas estas medidas, que aún no se toman en Nicaragua, sirven para mejorar la economía de las personas y por ende del país, promoviendo el desarrollo humano pleno que incluye a las mujeres.

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